La Procuraduría instó a las alcaldías y gobernaciones a adoptar medidas para poner en marcha, de forma adecuada, los centros de detención transitoria que sean necesarios, con el fin de superar el creciente hacinamiento en estaciones de policía y Unidades de Reacción Inmediata (URI).

El jefe del Ministerio Público, Gregorio Eljach, expidió la directiva 002 de 2026, con la que pidió adelantar las acciones necesarias para garantizar los derechos de las personas privadas de la libertad recluidas en centros de detención transitoria. 

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En ese sentido, solicitó a las autoridades territoriales a cumplir con lo establecido en el Código Penitenciario y Carcelario, en cuanto a la construcción de establecimientos de reclusión y centros de arraigo, así como la adecuación de estaciones de policía y la celebración de convenios con el Instituto Nacional y Penitenciario (Inpec). 

A su vez, exhortó al Inpec y a la Policía para que establezcan un protocolo a nivel nacional que garantice el traslado de las personas privadas de la libertad, en calidad de detenidas preventivamente, desde las estaciones de Policía y las URI hacia cárceles distritales y municipales existentes.

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Además, en aras de salvaguardar los derechos de esta población, instó a los órganos competentes a garantizar la capacitación y el entrenamiento en gestión del riesgo y atención de emergencias. 

El Ministerio Público indicó que vigilará que se cumplan las acciones y verificará los planes departamentales, distritales y municipales para que se incluyan los rubros destinados a la financiación de cárceles municipales y a la celebración de convenios interadministrativos con el Inpec, garantizando estos recursos.